En las zonas rurales de Quintana Roo, pedir un crédito o contratar un seguro para mitigar riesgos en la producción agrícola es una realida lejana para muchas familias productoras. A pesar de vivir en un país que cuenta con un sistema financiero sólido, buena parte de las comunidades rurales aún está fuera del mapa de las instituciones bancarias. Pero algo está cambiando, gracias a la colaboración de diversos actores en la región.
El CIMMYT, en coordinación con el gobierno del estado y diversas instituciones financieras, impulsa una estrategia que va mucho más allá del acceso al crédito. Se trata de una propuesta de inclusión financiera pensada desde el territorio, que responde a los desafíos específicos de las comunidades rurales de Quintana Roo. En una región donde el turismo absorbe la mayor parte de la economía y donde los jóvenes muchas veces migran en busca de otras oportunidades, esta estrategia busca reconstruir el arraigo a través de la agricultura. Esto a través de la promoción de la producción sostenible de granos básicos y del fortalecimiento de capacidades en educación financiera. Mujeres, jóvenes y familias productoras participan en un proceso formativo que no solo les acerca al financiamiento, sino que les permite comprender cómo un buen manejo de sus recursos puede reducir riesgos, mejorar ingresos y hacer frente al cambio climático. En un contexto de abandono del campo, la estrategia plantea caminos nuevos para quienes quieren —y pueden— volver a mirar la tierra como oportunidad de vida y desarrollo.
Las soluciones que la ciencia desarrolla para beneficiar a los productores agrícolas muchas veces tardan años en llegar al campo. Sin embargo, a través de esta alianza interinstitucional y del componente de educación e inclusión financiera, ese tiempo se acorta. “Lo que buscamos es que los pequeños productores no tengan que esperar diez años para acceder a las tecnologías generadas en el laboratorio”, afirma Ramiro Ortega Landa, especialista en finanzas rurales del CIMMYT. “El financiamiento es clave para que esas innovaciones lleguen a tiempo, especialmente frente a la emergencia climática”, agrega.
Este proyecto parte de una premisa clara: no basta con ofrecer préstamos, hay que crear las condiciones para que el sistema financiero funcione en comunidades donde la banca tradicional no tiene presencia o no comprende las particularidades del sector agroalimentario. Y eso implica trabajar desde ambos lados del mostrador: por un lado, con la demanda, es decir, con las personas productoras, quienes muchas veces no saben con certeza cuánto dinero necesitan ni cómo justificarlo ante una institución financiera; y por el otro, con la oferta, es decir, con las instituciones financieras, que generalmente desconocen el entorno rural y carecen de productos adaptados a sus realidades. “Los bancos no evitan riesgos, los gestionan. Pero para hacerlo, necesitan entender el contexto, y eso no sucede hoy en el sector rural”, explica Ortega. Por eso, la estrategia de inclusión financiera del CIMMYT también capacita a ambos actores, para que puedan encontrarse con claridad, confianza y herramientas que beneficien a ambas partes.
Además, se ofrecen talleres de educación financiera que permiten a los productores organizar mejor sus recursos, calcular costos, planificar inversiones y tomar decisiones informadas. Mujeres, jóvenes, asociaciones campesinas y emprendedores rurales participan activamente en estos espacios. “Queremos que las personas entiendan cuánto necesitan, por qué lo necesitan y cómo pueden acceder a ello sin poner en riesgo su economía”, dice Ortega.
Asimismo, se brinda acompañamiento a instituciones financieras interesadas en incursionar en el sector rural, ofreciéndoles orientación técnica para que diseñen alternativas de financiamiento accesibles, realistas y adecuadas al contexto de quienes producen en pequeña escala. Se trata de construir productos que reconozcan la estacionalidad agrícola, la diversidad de ingresos en los hogares rurales y las condiciones reales de los productores. Esta colaboración permite que las instituciones entiendan mejor a sus futuros clientes y, al mismo tiempo, que las comunidades accedan a servicios financieros más justos y útiles.
“Hay poco conocimiento por parte de las instituciones financieras sobre las necesidades reales de los productores”, señala Ortega. “Eso impide que existan productos adecuados, que se manejen los riesgos y que se quiera entrar a estos mercados. Nosotros ayudamos a tender ese puente entre las comunidades y las soluciones financieras que mitigan riesgos”.
Un ejemplo de ese acompañamiento es la creación de un paquete tecnológico para la poscosecha, diseñado específicamente para contextos rurales. Este paquete incluye maquinaria accesible y contenedores herméticos —conocidos como Cocoons— que permiten reducir significativamente las pérdidas de grano. No es un tema menor: se estima que hasta el 30 % de la producción se pierde por falta de almacenamiento adecuado, lo que representa una pérdida económica considerable para las familias productoras.
“Eso es un desastre económico. Imagina que después de todo el trabajo, esfuerzo e inversión, una cuarta parte de la cosecha se pierde. Si el productor puede almacenar, no solo conserva su producción, también puede esperar mejores precios y aumentar sus ingresos”, explica Ortega. El paquete puede financiarse con créditos diseñados específicamente para ese propósito, con condiciones claras y evitando el riesgo de sobreendeudamiento.
Además del impacto económico, el proyecto ha revelado datos que ayudan a comprender mejor la dinámica familiar rural. En Quintana Roo, por ejemplo, hasta el 45 % del ingreso familiar proviene de las mujeres. “Ellas no solo participan, toman decisiones. Y cuando tienen una cuenta o un crédito, su papel se vuelve mucho más visible y determinante”, dice Ortega. Por eso, aunque el objetivo inicial era capacitar a un 15 % de mujeres, hoy ya representan casi la mitad de las personas participantes.
Los jóvenes también tienen un lugar clave. El enfoque no busca convencerlos de quedarse en el campo bajo las mismas condiciones que sus padres, sino ofrecerles nuevas formas de involucrarse: como técnicos, emprendedores o prestadores de servicios. “Hay una brecha enorme entre los conocimientos de una generación y otra. Pero también hay una oportunidad enorme si se les dan herramientas”, asegura Ortega.
Este modelo, que combina ciencia, educación, tecnología y financiamiento responsable, apunta a generar cambios estructurales a mediano y largo plazo. “Queremos ver en Quintana Roo lo que ya sucede en otras regiones más avanzadas como El Bajío: cadenas agroalimentarias integradas, sostenibles, donde los y las productoras no solo sobreviven, sino que prosperan”.
El respaldo del gobierno estatal ha sido decisivo para que esta estrategia se traduzca en acciones concretas. “La gobernadora ha tenido una sensibilidad especial para incluir a mujeres y jóvenes en las políticas económicas”, destaca Ortega. Esa visión ha permitido ampliar el alcance del proyecto más allá de lo técnico y financiero, para convertirlo en una apuesta de transformación social. En Quintana Roo, las mujeres no solo sostienen una parte fundamental del ingreso familiar —en muchos casos, hasta el 45 %—, sino que también toman decisiones clave sobre el manejo de los recursos. “Cuando una mujer abre una cuenta o accede a un crédito, adquiere un papel aún más visible y determinante en la economía de su familia y su comunidad”, afirma. Desde esa lógica, el programa no solo promueve la inclusión financiera, sino también el fortalecimiento del liderazgo femenino en el campo. Una apuesta que, en palabras de Ortega, demuestra que cuando las mujeres tienen poder económico, también tienen poder de decisión
Y si algo deja claro esta estrategia es que la inclusión financiera no se trata únicamente de abrir cuentas o entregar créditos. Se trata de cambiar las reglas del juego, de abrir oportunidades reales, de fortalecer capacidades y de transformar el destino económico de comunidades enteras. A través de herramientas prácticas, las personas aprenden no solo a gestionar sus finanzas de forma responsable, sino también a integrar una visión más amplia y sostenible de la agricultura: desde la conservación del grano hasta la planificación productiva, pensando siempre en el bienestar de sus familias y en el futuro de sus territorios.
“Las cosas no existen hasta que no las creamos”, concluye Ortega. “Y este proyecto está ayudando a crear nuevas realidades: productores que almacenan y venden mejor, mujeres que deciden sobre las finanzas del hogar, jóvenes que encuentran un futuro en el campo. Estamos sembrando hoy el desarrollo rural del mañana”.
Adaptación y mitigación del cambio climático 
