
Juan Manuel Castañeda, productor agropecuario del municipio de San Felipe, en Guanajuato, estuvo a punto de abandonar el campo. “Si este año no le pego en el campo, me voy a Estados Unidos”, se repetía con resignación. Como en tantas otras regiones de México, su producción ya no alcanzaba para sostener su vida familiar. Sin embargo, Juan Manuel tuvo acceso a una capacitación en agricultura sustentable impulsada por CIMMYT y actores locales, y decidió implementar prácticas de agricultura sustentable con las que ha alcanzado hasta 17 toneladas de forraje por hectárea y reservas suficientes para alimentar a su hato durante cinco meses. Su historia es ejemplo de cómo, cuando el campo vuelve a ser una fuente de bienestar, la migración deja de ser la única alternativa.
Historias como esta cobran relevancia frente al panorama que ofrece el más reciente informe mundial sobre el estado de la seguridad alimentaria (SOFA 2024). En él, se confirma lo que desde instituciones como CIMMYT se ha venido señalando: los conflictos armados, la fragilidad política y la crisis climática tienen efectos devastadores sobre los sistemas alimentarios. La guerra en Ucrania, la crisis en Sudán, la violencia en Haití o Gaza, no solo provocan desplazamientos humanos masivos, sino también la destrucción de infraestructura agrícola, la pérdida de cosechas, la interrupción de cadenas logísticas y la caída de los ingresos rurales. En los países que enfrentan crisis prolongadas, la degradación de suelos, la falta de agua limpia o la malnutrición son tanto consecuencia como causa de la inestabilidad.
El informe advierte que, si no se transforman a fondo los sistemas agroalimentarios, más de 582 millones de personas seguirán subalimentadas en 2030. No se trata solo de producir más comida, sino de hacerlo en territorios seguros, sostenibles y cohesionados. En ese sentido, SOFA 2024 hace un llamado claro a articular el nexo entre la ayuda humanitaria, las políticas de desarrollo y la construcción de paz. Porque sin paz no hay seguridad alimentaria duradera. Pero también, sin alimentos suficientes, ninguna paz se sostiene.
Más allá de los datos de hambre o malnutrición, el informe aporta una cifra reveladora: los costos sociales, ambientales y sanitarios ocultos de los sistemas agroalimentarios superan los 10 billones de dólares internacionales por año. En los países con mayor carga de conflicto, estos daños equivalen al 18 % de su PIB en costos sociales y al 20 % en costos ambientales. Esta contabilidad oculta revela un círculo vicioso donde se alimentan entre sí la pobreza rural, la fragilidad institucional y las tensiones sociales.
Frente a este panorama, desde CIMMYT se han impulsado iniciativas como Agricultura para la Paz, un esfuerzo articulado entre ciencia, política pública e innovación social para sembrar no solo maíz o trigo sustentables, sino también cohesión y resiliencia social. Inspirada en el legado del Dr. Norman Borlaug, Nobel de la Paz y uno de los fundadores de CIMMYT, esta iniciativa promueve tecnologías agrícolas sustentables y alianzas amplias para transformar los territorios vulnerables en territorios de paz.
Proyectos como AgriLAC Resiliente, o alianzas estratégicas con gobiernos nacionales y estatales, demuestran que la ciencia colaborativa puede reducir los costos ocultos del sistema agroalimentario, mejorar ingresos campesinos y fortalecer el tejido comunitario. Cada cultivo diversificado, cada tonelada de forraje sostenible, cada bioinsumo que sustituye un químico, es también una inversión en estabilidad social.
El informe SOFA invita además a reorientar las inversiones. Los 10 billones de dólares de pérdidas anuales por daños colaterales no deben verse como inevitables, sino como una razón urgente para actuar distinto. Restaurar suelos, diversificar sistemas productivos, reducir pérdidas poscosecha y ofrecer acompañamiento técnico en zonas rurales no es caridad: es política de paz preventiva.
Para lograrlo, se necesita priorizar los territorios de alta fragilidad con soluciones tecnológicas adaptadas, movilizar financiamiento público y privado hacia modelos regenerativos, y medir los co-beneficios productivos, sociales y climáticos de estas intervenciones. En palabras de Bram Govaerts, director general de CIMMYT: “Cuando las personas no tienen qué comer y su base de bienestar se erosiona, buscan otras alternativas. Por eso es vital construir sistemas agroalimentarios sólidos, resilientes… y pacíficos”.